Fruto del trabajo conjunto de la asociación con la Guardia Civil e Inspección de Trabajo, tres instalaciones ilegales (dos en la capital y una en la localidad de Villarcayo) han sido expedientadas por ambas, dadas las "evidentes y diversas irregularidades" que presentaban.
Según fuentes de Adeabur, no se descartan nuevas intervenciones en las próximas semanas, dada la existencia de más instalaciones investigadas y documentadas, y que una actuación conjunta de estas dos administraciones conlleva "un calendario de coordinación que impide una mayor agilidad".
Con todo, el presidente de Adeabur, Diego Díez se ha mostrado “notablemente satisfecho, a la vista de la efectiva y ágil respuesta que desde hace tiempo viene demostrando tanto el Seprona, con quienes venimos colaborando con gran efectividad desde hace más de dos años, como la Inspección de Trabajo”.
Además, el secretario general de la entidad, Gabriel Martínez, ha destacado “el esfuerzo desarrollado por los funcionarios habida cuenta de que la actuación se enmarca en pleno periodo estival, en el que la carencia de personal y la acumulación de trabajo por situaciones estacionales supone un plus de esfuerzo”.
En defensa del sector
Esta actuación de la asociación burgalesa supone la continuidad de una línea de trabajo en defensa de los legítimos intereses del sector y que se suma al trabajo acumulado durante tres años, durante los que se han identificado, localizado y denunciado cerca de treinta localizaciones de reparadores ilegales. Tal actividad se realiza en paralelo con la desarrollada por Conepa a nivel nacional y otras asociaciones federadas en sus respectivas localizaciones.En este sentido, la Junta Directiva de Adeabur acordó recientemente intentar realizar un estrecho seguimiento de los expedientes que se inicien con el fin de impulsar una más contundente y efectiva actuación administrativa en otras administraciones competentes.
A tal fin ya se dirigió en julio a la Subdelegación del Gobierno en Burgos solicitando información sobre los expedientes iniciados por el Seprona y a qué administraciones habían sido trasladadas las denuncias de los dos últimos años.
