jueves, 2 de noviembre de 2017

La lucha contra los talleres ilegales sigue dando frutos

La reparación ilegal de vehículos ha sido durante tiempo, y sigue siendo, uno de los caballos de batalla del sector. Con la llegada de la crisis económica, esta actividad ha vivido un creciente auge en el que todos los actores afectados se han ido implicado para contrarrestarla con todas las armas que ofrece el Estado de Derecho.

A pesar de que en ocasiones muchos profesionales legalmente establecidos ven con desazón que cerca de sus propios negocios se da esta actividad ilegal y que parece no importar a las autoridades, lo cierto es que esa implicación sigue dando frutos, aunque, probablemente, no al ritmo al que muchas empresas cumplidoras con la ley les gustaría.

De este modo, las fuerzas de seguridad han desarticulado en pocos días dos talleres ilegales (en Girona y Burgos). En el primero de ellos, los Mossos d'Esquadra han detenido recientemente a un hombre en la localidad de Vilablareix como presunto responsable de un taller ilegal, por lo que ha sido denunciado por realizar una actividad sin permisos administrativos, mala gestión de residuos y por vertidos en un pozo.

Días antes, una patrulla de la unidad de Medio Ambiente de Girona observó cómo una grúa que transportaba un vehículo se dirigía a una masía abandonada. Los agentes realizaron una inspección de este edificio y del terreno adyacente y comprobaron que el espacio acogía un taller ilegal.

Los agentes observaron que había ocho vehículos más en el patio, algunos en fase de reparación y otros pendientes, así como una acumulación de residuos en el interior de un pozo y repartidos por todo el entorno. Constatado que el taller también carecía de autorización administrativa ni reunía garantía alguna ambiental, los agentes procedieron a denunciar al responsable, un hombre de 39 años y nacionalidad marroquí.

Otros ilegales en Burgos

Mientras, la Benemérita también ha denunciado a un hombre de 45 años como responsable de un taller ilegal de reparación de vehículos ubicado en la localidad burgalesa de Alfoz.

En el interior del local, según explica la Guardia Civil, se llevaban a cabo trabajos de reparación de automóviles sin contar con los permisos y autorizaciones imprescindibles para realizar legalmente esta actividad.

Tras conocer el Seprona la ubicación exacta, los agentes acudieron hasta el mencionado centro, donde hablaron con la persona que, en ese momento, estaba trabajando en el interior de las instalaciones.

Además, procedieron a inspeccionar el taller, comprobando que había dos coches en proceso de reparación que pertenecían a terceras personas, así como herramientas y maquinaria habituales en los negocios de reparación.

Asimismo, la Benemérita denunció a mediados de octubre al responsable de otro taller ilegal de La Ribera burgalesa, en cuyo interior se realizaban trabajos de reparación de vehículos, careciendo los permisos y autorizaciones requeridos para dicha actividad.

Los agentes del Seprona pudieron comprobar a simple vista, actividades propias de un taller de chapa y pintura y varios vehículos pendientes de reparación, verificando además que sus propietarios eran ajenos al negocio.

En el interior del establecimiento, los agentes comprobaron que se encontraba acondicionado y dotado de la instrumentación y herramientas necesarias para la reparación de los vehículos, con cabinas de pintado y lijado.

Se da la circunstancia de que la persona denunciada ya lo había sido también en 2012 y 2016 al ejercer ilegalmente dicha actividad ocupando entonces otras naves.

Venta de piezas ilegal

Por otro lado, también la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de vehículos que posteriormente se desguazaban para vender por piezas en Polonia. Según la Benemérita, ocho personas han sido detenidas, cinco de nacionalidad polaca y los otros tres españoles, acusados de los supuestos delitos de organización criminal, robo de vehículos a motor, atentado a agente de autoridad, falsificación de documentos y receptación. Todos ellos poseían antecedentes policiales.

La red operaba en varias localidades de la provincia de Ávila, donde en sucesivas fases se llevaba a cabo el desmantelamiento de los vehículos que, en su mayoría, eran sustraídos en las provincias de Madrid y Toledo.