En un reciente informe, la Asociación Europea de Proveedores de Automóviles (CLEPA) ha expuesto los desafíos y las recomendaciones fundamentales para la industria de suministro de automóviles ante la propuesta de Directiva 2023/0085 del Consejo Europeo y del Parlamento. Esta normativa, conocida como Directiva Green Claims, tiene como meta reforzar la sostenibilidad y enfrentar el "lavado verde" en la promoción de productos. Aunque CLEPA apoya la iniciativa de fondo, advierte sobre los posibles efectos adversos en la transición hacia productos más sostenibles si la directiva se mantiene en su forma actual.
Comunicación clara y transparente: Un imperativo para la industria
Para los talleres y otros actores del mercado automovilístico, es crucial entender que la Directiva Green Claims busca establecer una base firme y comparable para las declaraciones ambientales de productos y servicios. Este marco pretende asegurar que todas las partes operen en igualdad de condiciones, permitiendo a los consumidores realizar elecciones informadas y fomentando un mercado que realmente valorice la sostenibilidad.
Desafíos clave según CLEPA
- Redacción subjetiva y definiciones ambiguas: La falta de claridad en las definiciones y en la redacción puede generar incertidumbres legales y dificultades para las empresas a la hora de comunicar efectivamente la sostenibilidad de sus productos.
- Verificación obligatoria por terceros: La exigencia de que las afirmaciones sobre sostenibilidad sean verificadas por entidades independientes plantea un desafío significativo, especialmente en términos de los costes y la logística asociados a este proceso.
- Falta de armonización: La directiva, en su estado actual, no proporciona un marco armonizado que permita a las empresas comparar de manera justa la sostenibilidad de sus productos frente a los de la competencia. Esta falta de estandarización podría impedir la competencia leal y la innovación en el sector.
Recomendaciones para una mejor implementación
CLEPA insta al Consejo Europeo y al Parlamento a considerar una revisión de la directiva que incluya una armonización legislativa más robusta. Esto incluiría clarificar las definiciones y garantizar que los requisitos de verificación no representan una carga desproporcionada para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Además, es fundamental que la directiva fomente la transparencia y la comparabilidad sin imponer barreras innecesarias al diálogo sobre sostenibilidad.
