lunes, 14 de noviembre de 2022

Cuatro millones de coches sin etiqueta ambiental se verán afectados por las ZBE a partir de 2023

Desde enero de 2023, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes (y aquellas de más de 20.000 con especiales problemas de contaminación) estarán obligadas, por ley, a contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En ellas, los ayuntamientos podrán establecer las restricciones que consideren oportunas de cara a mejorar la calidad del aire. En total, esas ciudades acumulan un parque de 11 millones de automóviles, de los que una buena parte estarán sujetos a prohibiciones para circular o aparcar.

Todo apunta a que el foco estará en los automóviles sin etiqueta medioambiental (llamados también con etiqueta 'A'). Es decir, hasta cuatro millones de coches (de los 11 millones mencionados), que fueron matriculados antes del año 2000 si tienen motor de gasolina; o antes de 2006 en caso de tratarse de modelos diésel. 

Por ejemplo, la ciudad de Madrid ya no les permite circular por el interior de la M30; en 2023 no podrán utilizar tampoco esta vía, para un año después prohibir su circulación por todas las calles de la ciudad. En 2025, terminará también la carencia que se ha dado a los vehículos sin etiqueta que estén empadronados en la capital; y a las motos, camiones y furgonetas que, hasta entonces no contarán con ningún tipo de restricción.

¿Peajes en las ciudades?

No obstante, el caso de Madrid (o la ZBE de Barcelona) no tienen por qué ser replicados por el resto. De hecho, en otra ciudad se puede decidir que las restricciones afecten también a los vehículos con etiquetas B, C o Eco, en mayor o menor medida. O establecer un peaje de acceso a esas zonas, en las que se pague en función de lo que contamine el coche. 

Solo hay una excepción ya confirmada: los vehículos históricos. Aquellos que fueron matriculados o fabricados hace más de 30 años y, siempre que hayan sido declarados como tal, podrán usarse en las ZBE. Pero solo de forma ocasional, nunca como medio de transporte habitual.

De hecho, en la guía que el Gobierno ha elaborado para orientar a los municipios en la aplicación de la ZBE se proponen las señales que las identifiquen, como desarrollarlas (en forma de anillos o zonas separadas entre sí, de forma que haya varias ZBE); su extensión y también se habla de que las etiquetas de la DGT pueden ser una buena herramienta para gestionar el tráfico. Pero no se obliga a ello y abre la puerta a los mencionados peajes. 

Es más, el texto señala que "los criterios de acceso y circulación deben ir encaminados a desincentivar lo máximo posible el acceso de vehículo privado motorizado en general, independientemente del distintivo ambiental que ostente".

Mucho por hacer

Queda por ver, entonces, qué criterios aplicará cada ciudad sabiendo también que la mayoría de ellas no llegarán a tiempo para arrancar su ZBE en 2023. Según 'El País', solo estarán listas 20 de las 149 previstas. Y seis de ellas, ya las tenían en marcha antes de que se aprobara la Ley del Cambio Climático que las contempla. Se trata de Madrid, Barcelona, Pamplona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat y Cornellà de Llobregat

La madrileña Rivas y Pontevedra acaban de activar las suyas y Sevilla, Córdoba, Fuenlabrada, Burgos, San Cristóbal de La Laguna, Parla, Algeciras, Alcobendas, Melilla, Talavera de la Reina, Coslada y Ciudad Real afirman que están en vías de activarla antes de fin de año.

Las ciudades más afectadas

En caso de que las restricciones se aplicasen atendiendo al etiquetado de la DGT, Canarias será la región más afectada, ya que tiene a las grandes poblaciones con el mayor porcentaje de coches sin etiqueta, según el portal Sumauto: Santa Cruz de Tenerife (44,1%), Arrecife (43,7%), San Cristóbal de La Laguna (43,4%) y Arona (41,7%). A continuación, aparece Ourense (Galicia) con el 41,7% y comparten un 39,6% tanto Ponferrada como León capital (Castilla y León).

Mientras, Alcobendas (9,9%), Boadilla del Monte (11,6%) y Rivas Vaciamadrid (18,3%), en la Comunidad de Madrid, son las ciudades menos afectadas por las restricciones de las ZBE.  Lo mismo ocurre con San Fernando (20,5%) o El Puerto de Santa María (23,2%), municipios de Cádiz.