La política climática europea en materia de automoción entra en una nueva fase. Tras semanas de negociaciones y un anuncio aplazado hasta el último momento, la Comisión Europea ha confirmado una flexibilización del objetivo de emisiones cero en 2035, introduciendo un sistema de compensaciones que abre la puerta a mantener, de forma limitada, tecnologías distintas al vehículo 100% eléctrico.
Un cambio clave en la prohibición de los motores térmicos
Hasta ahora, la normativa aprobada en 2023 establecía que todos los turismos y furgonetas nuevos vendidos en la UE debían ser neutros en emisiones de CO₂ a partir de 2035. Sin embargo, Bruselas ha optado por revisar este planteamiento.
La nueva propuesta fija que en 2035 deberá alcanzarse una reducción del 90% de las emisiones respecto a los niveles de 2021, dejando margen para compensar el 10% restante mediante otras medidas medioambientales. Este enfoque había sido adelantado por Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, mayoritario en el Parlamento Europeo.
¿Cómo se compensará ese 10% de emisiones?
La Comisión ha detallado los mecanismos previstos para cubrir ese porcentaje residual:
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Hasta un 3% podrá compensarse mediante créditos derivados del uso de biocombustibles y e-fuels.
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Hasta un 7% se absorberá a través del uso de acero bajo en carbono producido en la UE.
De este modo, no se elimina el objetivo climático, pero sí se introduce una mayor flexibilidad tecnológica, en respuesta a las dificultades del mercado para cumplir los plazos inicialmente previstos.
Presiones políticas y división entre Estados miembros
La decisión supone el mayor retroceso medioambiental de la UE en los últimos cinco años y llega tras una intensa presión de países como Alemania e Italia, junto con varios fabricantes europeos. En el lado opuesto, Francia y España habían defendido mantener intacta la prohibición total de los motores de combustión.
Pese a este giro, Bruselas ha confirmado que la normativa será revisada en 2035 y, posteriormente, cada cinco años, con el objetivo de verificar su alineación con la neutralidad climática fijada para 2050.
Otras medidas incluidas en el paquete de automoción
La revisión de la prohibición no llega sola. La Comisión ha presentado un conjunto de iniciativas adicionales para apoyar al sector:
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Nueva categoría M1E para pequeños vehículos eléctricos de hasta 4,2 metros, con ventajas fiscales y regulatorias.
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Contarán como 1,3 vehículos a efectos de cumplimiento de objetivos de CO₂.
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Tendrán su normativa congelada durante 10 años.
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Sistema de “banking and borrowing” entre 2030 y 2032, que permitirá a los fabricantes compensar excedentes y déficits de emisiones entre ejercicios.
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Relajación de los objetivos para furgonetas eléctricas, rebajando la exigencia de reducción de emisiones para 2030 del 50% al 40%.
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Battery Booster, un programa dotado con 1.800 millones de euros, de los que 1.500 millones se canalizarán como préstamos sin intereses para fabricantes europeos de celdas.
Además, se prevé una reducción de cargas administrativas que permitirá ahorrar unos 706 millones de euros anuales.
Reacciones enfrentadas dentro del sector
La mayoría de los fabricantes han recibido la medida con alivio. Aunque han incrementado la producción de eléctricos, la demanda no ha crecido al ritmo esperado, debido a precios elevados, una infraestructura de recarga insuficiente y el aumento de la competencia internacional, especialmente desde China, solo parcialmente mitigada por los aranceles europeos.
En este contexto, la industria llevaba tiempo reclamando un enfoque multitecnológico, que permita convivir motores de combustión, híbridos enchufables, eléctricos con extensor de autonomía y combustibles considerados neutros en CO₂. Una postura que ya había sido respaldada públicamente por Ursula von der Leyen tras su reelección.
Por el contrario, el sector del vehículo eléctrico y las organizaciones medioambientales han mostrado su preocupación. Temen que esta flexibilización frene inversiones, genere incertidumbre regulatoria y retrase aún más a Europa frente a China en la carrera por el liderazgo eléctrico. También cuestionan la viabilidad de los biocombustibles, al considerarlos limitados, costosos y no plenamente neutros en carbono.
Próximos pasos: nuevas medidas a finales de enero
Aunque el paquete completo estaba previsto para diciembre, la falta de consenso obligó a aplazar parte de su contenido. A finales de enero, Bruselas podría anunciar nuevas acciones, entre ellas:
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Un arancel fronterizo sobre las emisiones de CO₂ de productos importados, como acero, aluminio o cemento.
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Requisitos para priorizar productos fabricados localmente dentro de la UE.
Medidas que apuntan a reforzar la competitividad industrial europea mientras se mantiene, con ajustes, el rumbo hacia la descarbonización.
