Un despliegue sin señales: ¿cómo es posible?
Según datos del Anuario de la Movilidad Eléctrica de Aedive al 31 de diciembre de 2024, España ha hecho un esfuerzo notable por ampliar su red de recarga, pero esa inversión no se refleja en la experiencia del conductor medio. Apenas hay señales que indiquen la existencia de estos puntos, incluso en áreas de servicio donde sí están disponibles.
¿Cuánto cuesta señalizar un punto de carga?
Uno de los principales obstáculos es el coste económico. El precio medio de instalar la señalización correspondiente oscila entre los 50.000 y 60.000 euros por emplazamiento. Esta cifra incluye fabricación, tramitación y colocación de al menos tres señales (antes de la salida, en la salida y en las inmediaciones del punto de carga), pero no contempla el mantenimiento.
A razón de unos 20.000 euros por cartel, esta inversión representa una carga significativa para quienes deben asumirla.
¿Quién tiene que pagar? No es el Estado
La ley no atribuye la responsabilidad de instalar estas señales a la Administración Pública, sino a los propietarios de los puntos de recarga, ya sean estaciones de servicio, hoteles o restaurantes. Para ello, deben solicitar una autorización de ocupación del dominio público viario a la Dirección General de Carreteras.
Este procedimiento, aunque reglado, exige presentar un proyecto técnico detallado, especificando tamaño, ubicación, materiales, distancia entre señales y presupuesto, como si se tratara de una obra de ingeniería civil. Una vez autorizado, comienza un proceso logístico que puede implicar movimientos de tierra, estrechamientos temporales de calzada y señalización provisional, lo que alarga los tiempos y complica la ejecución.
Rentabilidad limitada, interés reducido
Otro motivo de peso es la baja utilización de los cargadores. Según Aedive, los puntos de carga están inactivos el 94,2% del tiempo, lo que se traduce en una media de solo 1 hora y 23 minutos de uso diario. En este contexto, muchas empresas no ven rentable invertir además en señalización, sobre todo si el retorno económico sigue siendo incierto.
Solo 60 solicitudes tramitadas… por ahora
A finales de 2024, apenas se habían solicitado unos 60 permisos de señalización, 50 de ellos entre noviembre y diciembre. Ante esta baja demanda, el Estado ha decidido intervenir en 28 ubicaciones estratégicas, asumiendo los costes para facilitar el acceso a la red de carga. Esta actuación implica una inversión de unos 2 millones de euros, y se encuentra actualmente en fase de diseño y preparación.
Riesgo de efecto paralizante
Fuentes estatales alertan de un posible efecto adverso: al asumir el Estado parte de la señalización, algunos operadores podrían detener sus propios proyectos a la espera de que la Administración se haga cargo. Esto podría ralentizar aún más el despliegue de señalización si no se gestionan bien las expectativas y responsabilidades.
No se busca hacer publicidad, sino garantizar seguridad
Desde la Administración se insiste en que el objetivo de la señalización no es publicitario, por mucho que contribuya a impulsar la movilidad eléctrica. La prioridad es la seguridad y comodidad de los usuarios de la red viaria, evitando una saturación de señales que pueda perjudicar la conducción segura.
Por ello, aunque Aedive y la patronal de fabricantes Anfac solicitan una mayor presencia de señales para informar a los usuarios de combustión de la existencia de cargadores, la respuesta institucional sigue siendo cautelosa y regulada.
Un proceso legal garantista, pero lento
La instalación de señalización está regulada por la Ley de Carreteras, el Reglamento de Carreteras, la Norma 8.1-IC de señalización vertical y la Orden Circular 1/2024. Este entramado normativo tiene como objetivo garantizar que toda señal colocada respete criterios técnicos, de seguridad vial y de conservación del paisaje viario, aunque ello suponga un procedimiento lento y complejo.
