El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 8 de octubre la Ley de Movilidad Sostenible, con 174 votos a favor y 4 abstenciones, lo que permite que la norma continúe su tramitación en el Senado antes de su entrada en vigor. Esta ley constituye una de las reformas estructurales más relevantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su aprobación es condición indispensable para acceder a los fondos europeos NextGenerationEU, que suman aproximadamente 10.000 millones de euros destinados a modernizar el transporte en España.
Una ley que redefine la movilidad en España
La nueva normativa establece por primera vez un marco legal integral para la movilidad y el transporte, con el objetivo de hacerlos más sostenibles, seguros, inclusivos y eficientes. Según el Gobierno, la Ley de Movilidad Sostenible se articula en cuatro grandes pilares:
1. La movilidad como derecho básico de los ciudadanos
Por primera vez en España, la movilidad se reconoce como un derecho de toda la ciudadanía. Las administraciones públicas deberán garantizar el acceso universal al transporte, con especial atención a las zonas rurales o menos pobladas.
Para ello, la Ley mantiene el sistema concesional de autobuses, asegurando que ningún municipio quede sin conexión incluso si las comunidades autónomas no asumen sus competencias en la materia. Además, se refuerza la financiación estatal del transporte urbano, con el fin de consolidar el transporte público como un servicio esencial.
2. Neutralidad climática y descarbonización del transporte
El transporte representa actualmente el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, por lo que el texto legal fija como meta la neutralidad climática en el sector.
La norma establece mecanismos de reducción progresiva de emisiones y estrategias para avanzar hacia una movilidad limpia y saludable. Uno de los cambios más esperados será la actualización de las etiquetas medioambientales de la DGT, que deberán adaptarse a los avances tecnológicos y reflejar de forma más precisa el impacto real de los vehículos.
Asimismo, las administraciones deberán impulsar políticas de movilidad activa y transporte público colectivo, reduciendo el uso del vehículo privado y fomentando alternativas sostenibles.
3. Digitalización e innovación para una movilidad más eficiente
La Ley crea el Espacio de Datos Integrado de Movilidad, una plataforma digital que reunirá información del sistema de transporte en tiempo real. Este recurso permitirá planificar de forma más precisa las infraestructuras y políticas públicas, fomentando la cogobernanza entre las distintas administraciones.
El nuevo modelo aspira a que España disponga de un sistema de movilidad conectado, interoperable y basado en datos, capaz de mejorar la eficiencia de las redes de transporte y reducir su impacto ambiental.
4. Inversión pública con criterios sociales y ambientales
Otro de los pilares de la ley es la mejora de la calidad del gasto público. Todas las inversiones en transporte y movilidad deberán estar justificadas mediante análisis de rentabilidad social y ambiental, garantizando que los fondos se destinen a proyectos que aporten beneficios reales a la ciudadanía y al medio ambiente.
Además, se establecen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con el fin de reforzar la confianza y el control sobre la gestión de los recursos públicos.
Obligaciones para las empresas: planes de movilidad sostenible al trabajo
La nueva ley también introduce medidas dirigidas al ámbito laboral. Las empresas con más de 200 trabajadores por centro, o más de 100 por turno, estarán obligadas a elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo.
Estos planes podrán incluir medidas como el fomento del transporte colectivo, la movilidad eléctrica o compartida, la bicicleta o el caminar, así como horarios flexibles o teletrabajo para reducir los desplazamientos en vehículo privado.
Hacia un modelo de movilidad sostenible y conectado
Con esta norma, España adopta un enfoque integral que combina sostenibilidad ambiental, cohesión social y digitalización del transporte.
La Ley de Movilidad Sostenible no solo busca reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética, sino también garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a medios de transporte seguros y sostenibles, impulsando la modernización de las infraestructuras y la transformación del modelo de movilidad.
Su aprobación definitiva en el Senado marcará un paso decisivo en la transición hacia una movilidad más limpia, inclusiva y digital, alineada con los objetivos europeos de neutralidad climática y desarrollo sostenible.
