La causa judicial se inició tras la denuncia formulada por CAPA, Comisión Antipiratería para el Automóvil, en noviembre de 2015, contra el responsable del taller. La denuncia, presentada ante el Grupo de Delincuencia Especializada de la Policía Nacional, motivó una inspección en el taller de la que se apreciaron indicios de criminalidad.
Cerrada la fase instructora, el Juez da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, representada por CAPA, para que formulen el correspondiente escrito de acusación. CAPA procederá próximamente a formalizar su acusación contra los responsables de los hechos denunciados, pidiendo la máxima pena privativa de libertad posible, habida cuenta la gravedad y el riesgo que supone el uso de software ilegal.
