lunes, 27 de marzo de 2017

En conducción real, todos los coches analizados en España superan el tope de emisiones

Tras el escándalo Volkswagen varios países, entre ellos España, se comprometieron a realizar inspecciones de emisiones contaminantes en los coches que habían homologado.

El diario El País, ha tenido acceso al informe final de estos exámenes en el que señala que tras analizar 16 modelos diésel homologados–en un principio el Gobierno se había comprometido a analizar 30 modelos pero por problemas presupuestarios examinó sólo 16– todos, en conducción real, superaron los límites de óxidos de nitrógeno (NOx) fijados por la normativa europea (Euro 5 y Euro 6), con valores de entre 1,8 y 12,6 veces mayores de lo que estipula la legislación para el NOx.

Estos resultados coinciden con los informes realizados por otros países, como Francia, Alemania o Reino Unido, y por ello, a partir del mes de septiembre, la Unión Europea (UE) exigirá para las nuevas homologaciones no sólo pruebas en laboratorio –las que hasta ahora usaban los Gobiernos de los 28 para homologar los motores en la UE– sino también en conducción real.

Los diésel estudiados por España fueron de las marcas Seat (Leon 2.0 TDI 125 KW (EU5), Seat Altea 1.6 TDI 77 KW (EU5), Seat Leon FR 2.0 TDI 110 KW (EU5), Seat Leon 1.6 TDI 81 KW (EU6) y Seat Ibiza 1.4 TDI 66 KW (EU6).), Ford (Fiesta1.5 TDCI 55 KW (EU5), Fiesta 1.6 TDCI 70 KW (EU5) y Fiesta 1.5 TDCI 70KW (EU6)), Nissan (Qashqai 1.5 Diésel (EU5), Juke 1.5 DCI (EU5), Qashqai 1.5 Diésel (EU6) y Juke 1.5 DCI (EU6)), Volvo (Tivoli 1.6 Diésel (EU6). En este caso se realizaron pruebas en dos vehículos diferentes) y Ssangyong (S60 2.0D 100KW (EU5), XC60 2.0D 110KW (EU6) y V60 2.0D 110KW (EU6)).

Descontento por parte de Bruselas


Tal y como informa El País, en diciembre Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España por la falta de sanciones a Volkswagen. Además la UE no está nada satisfecha con el informe presentado por España, que por otro lado el Gobierno se negó a publicar hasta que se ha visto obligado por la Ley de Transparencia tras una petición de las ONG Ecodes y Transport and Environment, y abre la puerta a un segundo expediente ante la sospecha de que el Gobierno no colabora en la investigación.

El brazo ejecutivo de la UE apunta que solo los informes de Alemania y Reino Unido —de cientos de páginas, frente a las 34 del estudio elaborado por el Gobierno español— cumplieron con las exigencias de Bruselas.