domingo, 1 de enero de 2023

Casi 9 de cada 10 ayuntamientos afectados no ha presentado su plan para las Zonas de Bajas Emisiones

A lo largo de este recién estrenado 2023 todos los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados por la normativa de la Unión Europea a implantar zonas de bajas emisiones en su territorio. Se trata de una medida que afecta a 149 ciudades y que limitará la circulación de los vehículos más contaminantes, esto es, como ya contamos en la web de Asboc, unos cuatro millones de coches.

Pese a que la implantación de las conocidas como ZBE deberá ser efectiva a lo largo de este año, el 87% de los municipios afectados no ha presentado su correspondiente plan, según denuncian desde la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval). Y es que, desde esta organización aseguran que sólo 20 de los 149 ayuntamientos (es decir, el 13%) han "iniciado la presentación de sus medidas", por lo que ha urgido a los consistorios a que publiquen las normativas lo antes posible.

En este sentido, dicha entidad pide "claridad" a los ayuntamientos al tiempo que les ha apremiado a publicar las normativas "con cierta antelación" para que los usuarios puedan conocer las prohibiciones y restricciones circulatorias con tiempo suficiente.

También ha solicitado que se ponga en marcha "lo antes posible" la plataforma en la que está trabajando la Dirección General de Tráfico (DGT) y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones. 

No en vano, tanto el rent a car como el usuario final necesitan tener volcada esa información en su navegador,  pues "requieren consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos puede acceder a estas zonas y en qué condiciones". Esta plataforma debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS para los vehículos puedan advertir de las restricciones cuando se intente acceder a una ZBE.

Normativas coherentes

Según el presidente de Aneval, Javier Díaz-Laviada, "nuestro espíritu es colaborar con las administraciones públicas para reducir el nivel de emisiones del parque móvil español, mejorar la calidad del aire de las ciudades y ayudar a descongestionar el tráfico de las urbes pero, siempre y cuando, las normativas sean coherentes, claras y de fácil acceso, y beneficien a todos los actores de la movilidad. Y pedimos a las Administraciones locales que cuenten con nosotros a la hora de desarrollar estrategias de movilidad".

El sector del rent a car confía en que todos los servicios de movilidad compartida estén exentos de las limitaciones a la circulación de vehículos.

Consideran que "la ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las regulaciones ha derivado en una disparidad de criterios que, lejos de unificar, confunden todavía más a usuarios y empresas". Como ejemplo mencionan el último borrador de Ponferrada (León), que permite un número limitado de accesos anuales a los coches con etiqueta A, B y C de la DGT(ampliables si se pagan 25 euros). Sin embargo, ciudades como Santander o Torrelavega no implantarán las ZBE antes de 2024.