La industria del automóvil en la Unión Europea atraviesa un momento de transformación profunda. Mientras la producción automovilística podría superar los 16,8 millones de vehículos en 2035, el camino para alcanzar esa meta está marcado por desafíos industriales, presión regulatoria y decisiones clave en política económica.
Un nuevo informe de la organización ecologista Transport & Environment (T&E) advierte: retroceder en los objetivos de emisiones cero sería más perjudicial que avanzar. No solo supondría un revés climático, sino que pondría en peligro hasta un millón de empleos en el sector en toda Europa.
Más coches, más economía: los beneficios de mantener el rumbo
Según el estudio de T&E, si la UE mantiene sus actuales políticas de descarbonización, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector automovilístico europeo crecería un 11% en la próxima década. A ello se sumaría un incremento sustancial de la producción de baterías, hasta alcanzar los 900 GWh anuales frente a los 187 GWh actuales.
Este impulso vendría acompañado de más de 220.000 nuevos empleos ligados a la producción de baterías y a la infraestructura de carga para vehículos eléctricos antes de 2035. Además, la producción económica total del sector podría multiplicarse por cinco, alcanzando los 79.000 millones de euros anuales en un escenario favorable.
La industria automovilística en cifras: ¿cuánto y cuántos?
Actualmente, el empleo directo en la industria automovilística europea asciende a unos 3,46 millones de personas. Mantener estos niveles requerirá un aumento de los volúmenes de producción y la adaptación de los trabajadores a las nuevas tecnologías, especialmente en electromovilidad.
En este contexto, la producción anual de vehículos podría alcanzar los 16,8 millones de unidades, cifra que marcaría un regreso a los máximos históricos previos a la crisis financiera de 2008.
En un escenario alineado con los objetivos de cero emisiones, la producción de coches eléctricos podría superar los 5,1 millones de unidades anuales en 2027, según T&E. Esto se basaría en 13 proyectos clave identificados en la UE, cinco de ellos de nueva creación y ocho mediante reconversión de plantas existentes.
España: entre la oportunidad y la incertidumbre
España juega un papel destacado en esta carrera eléctrica. T&E contabiliza 24 proyectos en marcha en nuestro país, con una inversión total que asciende a 28.010 millones de euros. Entre ellos se encuentra la futura gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Zaragoza.
Además, se destacan tres proyectos clave en la fabricación de vehículos eléctricos:
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Volkswagen en Pamplona: inversión de 1.000 millones de euros y capacidad de 300.000 unidades. Riesgo bajo.
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Chery y EV Motors en Barcelona: inversión de 400 millones de euros para producir hasta 15.000 unidades. Riesgo bajo.
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SEAT en Martorell: inversión de 3.000 millones de euros y capacidad prevista de 500.000 vehículos eléctricos. Riesgo medio ante posibles cambios económicos o políticos.
No obstante, la falta de certidumbre regulatoria y el contexto político podrían retrasar o incluso cancelar algunos de estos planes si no se refuerzan las políticas industriales.
El coste de no actuar: riesgos económicos y estratégicos
Si la Unión Europea decidiera relajar su objetivo de cero emisiones para 2035, el impacto económico sería considerable:
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Pérdida de 11.000 millones de euros en inversiones en fabricación de vehículos eléctricos.
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Renuncia a una capacidad de producción de baterías de 580 GWh, valorada en 72.000 millones de euros.
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Reducción del PIB del sector de carga en 125.000 millones de euros entre 2025 y 2035.
Además, podrían perderse dos tercios de las inversiones previstas en el ámbito de baterías y hasta 120.000 millones de euros en ingresos potenciales en la infraestructura de carga.
Europa, ¿líder o seguidora?
T&E insiste en que Europa tiene una oportunidad única para consolidar un liderazgo global en movilidad eléctrica, compitiendo con potencias como China. Para ello, el informe propone:
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Mantener los objetivos de CO₂ para 2030 y 2035.
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Apoyar la demanda con incentivos a la compra.
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Integrar ayudas a la producción de baterías y componentes europeos.
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Aplicar el Reglamento de Infraestructuras de Combustibles Alternativos.
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Asegurar la transferencia tecnológica y la formación profesional dentro de la inversión extranjera.
